Hechos clave:
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El ministro de Hacienda dijo que un entendimiento con el FMI implicaría un ajuste del IVA.
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El acuerdo ayudaría a reducir los altos costos asociados con la deuda de El Salvador.
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, aseguró que El Salvador está esperando las observaciones del equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para finalizar las «últimas redacciones» del acuerdo para aplicar un plan de ajuste económico en el país. Sin embargo, hay quienes temen que la recién aprobada Ley Bitcoin, que no es del agrado de algunos organismos internacionales, pueda complicar la relación.
El funcionario ofreció sus declaraciones este 28 de junio de 2021 a través del diario El Mundo, de la nación centroamericana. El titular de la cartera de Hacienda afirmó: «todo lo que hagas en materia económica (…) te va a generar ruido en una consulta con organismos internacionales» en referencia a la negociación con el ente multilateral para recibir USD 1.300 millones.
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El ministro de Hacienda agregó que los 90 días para la entrada en vigencia de la Ley Bitcoin, equivalen a un periodo de consulta. Estas declaraciones las ofreció mientras cuestionaba la adopción «inconsulta» del dólar en El Salvador en 2001.
Los recursos serán desembolsados por años
Los cambios monetarios introducidos con la Ley Bitcoin han generado temor en El Salvador por cuanto algunos creen que pueden perjudicar la relación con el FMI. Si esto ocurriera no podrían concretarse algunos planes del Gobierno salvadoreño para los cuales necesita la inyección de capital proveniente de la entidad monetaria.
El pasado 6 de abril de 2021, el FMI inició una revisión de la economía salvadoreña para establecer las negociaciones de un Programa de Servicio Ampliado (SAF, por sus siglas en inglés) por hasta USD 1.300 millones.
El ministro Zelaya dijo el pasado mes de marzo que estos recursos serían repartidos en tres años y que el primer año sería un desembolso entre USD 450 y USD 500 millones para financiar la brecha presupuestaria de 2021.
El funcionario adelantó en esa fecha que un acuerdo con el FMI podría llevar a un aumento del Impuesto Sobre El Valor Agregado (IVA) para los contribuyentes con mayores ingresos. El funcionario destacó, en esa ocasión, que El Salvador quiere que el organismo multilateral apruebe una línea de crédito extendida de 36 meses.
«Nos ayudará a aprovechar las brechas presupuestarias para 2021, 2022 y 2023 y ayudará a reducir los altos costos asociados con la deuda de El Salvador», afirmó Zelaya.
El ministro justificó que están acudiendo al FMI «porque un banco normal no va a dar una tasa de 1,4%, esas condiciones no se encuentran en ningún otro lado».
Agregó el funcionario: «(…) esto nos va permitir generar confianza en nuestros inversionistas y, en última instancia, tener los fondos necesarios para la ejecución de los programas sociales del presidente [Nayib Bukele]».
Al respecto, Ricardo Rodríguez representante del Central American Business Intelligence (CABI), empresa de inteligencia y consultoría económica, señaló que el mercado estaba a la expectativa de que El Salvador alcance un programa con el FMI para corregir la crisis fiscal y su aprobación sería el mayor desafío para 2021.
Algunos detalles del plan de ajuste económico que propone el FMI
Las negociaciones con el FMI comenzaron desde que el organismo prestó al país USD 389 millones en abril del año pasado en el marco de la pandemia de COVID-19.
La firma de un acuerdo se viene gestando desde el año 2017, según la presentación que hizo el Ministerio de Hacienda en ese momento y a la que tituló: «Situación Fiscal de El Salvador. Alternativas para su consolidación».
El plan propuesto por ese despacho consistía, en primer lugar, en llegar a un acuerdo con el FMI y adoptar las recomendaciones del Art. IV, el cual incorpora un ajuste fiscal de 3% del PIB, 50% por el lado de ingresos y 50% por el lado de los gastos.
Como segundo punto, se quería realizar una reforma del sistema de pensiones, así como eliminar los riesgos fiscales pagando USD 650 millones de LETES (Letras del Tesoro Nacional) a los bancos, además de asegurar el financiamiento del déficit fiscal con créditos de apoyo presupuestario mientras dure el ajuste. Por último, se habló de aprobar las necesidades de financiamiento de Bonos para 2019 – 2023. Estas negociaciones continuaron con la llegada a la presidencia de Nayib Bukele.
El Salvador y el FMI retomaron la negociación en marzo pasado. El financiamiento y el cumplimiento de parte del país de medidas significan en algunos casos reformas estructurales. Muchas de ellas se mencionaron en la negociación de 2017, arriba expuesta.
Organismos internacionales levantaron sus voces en contra de la adopción de Bitcoin
Los temores sobre una posible erosión de la relación con el FMI tras la aprobación de la Ley Bitcoin no son infundados. El organismo le ha advertido a El Salvador sobre los riesgos de adoptar bitcoin como moneda de curso legal, medida que se espera se haga efectiva el próximo 7 de septiembre de 2021, como reportó CriptoNoticias.
Los criptoactivos pueden plantear riesgos significativos y las medidas regulatorias efectivas son muy importantes cuando se trata de ellos.
Gerry Rice, vocero del FMI.
El Banco Mundial también le negó asistencia técnica a El Salvador para la adopción de bitcoin. El organismo financiero consideró que no podía apoyar la implementación de la criptomoneda en la economía del país debido a que, según ellos, bitcoin posee deficiencias medioambientales y de transparencia.
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Mauricio Claver-Carone también se unió al coro de voces en contra de adoptar bitcoin en El Salvador. El ejecutivo considera que esta iniciativa no ayudará a dinamizar la economía y advierte sobre los riesgos que presenta la volatilidad en el precio de la criptomoneda.
Según Claver-Carone, «lo que el Gobierno de El Salvador busca es cómo facilitar transacciones, cómo facilitar el comercio y cómo hacerlo de manera transparente y segura, pero bitcoin no es la solución».